Las drogas han acompañado al ser humano desde la prehistoria. Utilizadas en todas las culturas, bien sea con fines medicinales, rituales o lúdicos, las sustancias psicoactivas han experimentado los mismos procesos de evolución cultural, intercambio, integración o exclusión que han afectado a otros fenómenos sociales. En la actualidad, el uso de drogas está extendido por todos los países y se da en todas las clases y grupos sociales.
Los primeros intentos de control sobre determinadas drogas son muy antiguos, tanto que algunos de ellos han acabado incorporados al inconsciente colectivo, en forma de tabúes y fobias. La mayoría de las veces han tenido un carácter religioso, como la persecución de la brujería, estando estrechamente vinculados con la influencia que el uso de drogas, en especial las de tipo psiquedélico o alucinógeno, han tenido y tienen sobre los arquetipos culturales, el arte y las ideas religiosas y filosóficas. Como resultado de la expansión de la civilización occidental y la moral judeo-cristiana, la droga occidental por excelencia, el alcohol, fue introducida y promovida en los territorios conquistados, como una forma más de dominio cultural. Tras algunos episodios de prohibición, de origen claramente xenófobo, algunas nuevas sustancias, como tabaco, te o café, fueron integradas como drogas sociales en nuestra cultura y se sumaron al alcohol en un proceso de uniformización que no se ha detenido hasta nuestros días.
El siglo XX trajo consigo los primeros intentos de legislar a nivel mundial acerca del uso de determinadas drogas. La progresiva medicalización de la sociedad y los intereses de las grandes potencias, en especial unos puritanos Estados Unidos que acabaron prohibiendo incluso el alcohol (Ley Seca), condujeron a la firma del primer tratado internacional para el control del opio, la morfina y la cocaína, la Convención de La Haya, de 1912. Aunque todavía no se había creado el concepto de “problema de la droga” y no sería hasta 1973 cuando el presidente norteamericano Nixon acuñara la expresión “guerra contra las drogas”, en estos primeros intentos de prohibición global ya se dan los elementos que van a caracterizar el fenómeno en décadas posteriores: predominio del criterio moral sobre el científico; imposición de las decisiones de las grandes potencias (que entonces gobernaban directamente, mediante sus imperios, la mayor parte del mundo); promoción de las drogas institucionales occidentales como únicas drogas sociales lícitas, independientemente del daño que causan a la salud; incremento de los daños causados por las drogas ahora prohibidas; aparición de un lobby prohibicionista, formado por quienes viven de la progresiva histeria anti-droga; enfoque policial y represivo, dejando de lado las cuestiones sanitarias; y aparición de mafias que obtienen cuantiosos beneficios.
Sucesivos acuerdos internacionales desembocan, en 1961, en la aprobación de la Convención Única sobre Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La convención impuso la eliminación total, excepto para uso médico o científico, del opio y la coca y la erradicación completa, salvo para uso industrial, del cáñamo. Para hacerse idea del poder que para entonces habían acumulado los Estados Unidos en materia de drogas, baste decir que todo un artículo de la convención —el 27— está dedicado a garantizar a Coca-Cola su suministro de hoja de coca. A partir de ese momento los estados van a adaptar las legislaciones de manera automática a los sucesivos tratados, de forma que los parlamentos pierden prácticamente la capacidad de legislar sobre drogas.
La extensión del consumo de mescalina, LSD y otras drogas visionarias durante los años sesenta condujeron a un nuevo Convenio en 1971, que prohíbe todas las sustancias características de la contracultura y el hippismo, lo que, debido al carácter no adictivo y escasamente tóxico de estos productos, obligó a crear un nuevo término, el de “psicótropo”, un concepto vago, nunca definido explícitamente, que permite extender la prohibición a voluntad. Los años setenta supusieron la consagración del concepto de “problema de la droga” y un espectacular ascenso en el uso de heroína, fenómeno que en el estado español coincidió con la transición política. Son los años de crecimiento de las mafias, de aumento en las muertes por sobredosis y, sobre todo, adulteración y de aparición de la llamada “inseguridad ciudadana”. A nivel internacional, esto conduciría a una última convención, la de Viena, de 1988, que deja de lado las drogas para poner el acento en la preocupante dimensión que ha adquirido su comercio ilícito, olvidando que ese mercado ilegal y todos sus problemas los crearon las propias Naciones Unidas con sus acuerdos anteriores, que, lejos de modificarse, se ratifican y refuerzan.
La política actual tiene como eje la distinción entre drogas legales e ilegales. Las sustancias pueden ser de venta libre —p. ej. el tabaco—, con receta —el valium—, de uso restringido —como la morfina— o totalmente ilegales —p. ej. el cannabis—. Esta clasificación se basa, supuestamente, en el peligro para la salud que representa cada sustancia. Sin embargo, los propios informes de la Comisión de Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los estudios elaborados por las principales instituciones científicas no han dejado de cuestionar la validez de esa clasificación y subrayado su falta de rigor científico. Las recomendaciones de estos organismos para variar la orientación de las políticas de drogas han sido sistemáticamente ignoradas.
Actualmente, la política de las Naciones Unidas, es decir, la que los estados deben aplicar, se basa en el objetivo de un mundo sin drogas, es decir, sin algunas drogas previamente prohibidas. Ello se traduce en guerra contra esas drogas, tolerancia cero, estrategia para eliminar todas las plantas psicoactivas y negación sistemática de la eficacia de estrategias de reducción de daños en países como los Países Bajos, Australia y Suiza. Las políticas se aplican en tres frentes simultáneos y complementarios de actuación: prevención, entendida como incitación a la abstinencia total en el uso de las sustancias controladas (“simplemente, di no”); tratamiento, es decir, asistencia médica, psicológica, etc., para lograr el objetivo de la abstinencia; y represión, normalmente por vía penal, de la mayoría de conductas relacionadas con la producción comercio y uso de drogas ilícitas.
Estas políticas represivas, además del recorte en el derecho a la gestión del propio cuerpo y la salud individual que representan, han demostrado ser un fracaso. Así, no sólo ha aumentado la producción y el so de drogas ilícitas, sino que los problemas asociados a las mismas se han agravado: precios elevados y delincuencia asociada a ellos; adulteración, que provoca problemas de salud y muerte de miles de usuarios; mafias gigantescas crecidas al calor de la prohibición; violaciones de los derechos humanos; ataques al medio ambiente por políticas agresivas de erradicación de cultivos; violación de la soberanía nacional de numerosos países; corrupción institucional; saturación y degradación del sistema judicial y penitenciario; etc. Todos estos problemas están directamente relacionados con la aplicación de políticas eminentemente represivas contra las drogas ilícitas.
Recientemente, la Coalición Internacional de ONGs por una Política de Drogas Justa y Eficaz, formada por alrededor de cien grupos de 25 países, definía así la situación actual en una carta abierta a la Unión Europea: “La absurda política de drogas que estamos viviendo hoy conduce al establecimiento de una cultura global moralizadora, más dañina que los problemas que supuestamente controla. Esta tendencia está dominada por convenciones internacionales arcaicas, una agencia de Naciones Unidas manipulada por el lobby prohibicionista, y la hegemonía del gobierno de Estados Unidos, que pretende ser el único guardián moral y físico del mundo ’libre’ en este terreno”. Este tipo de valoración está cada vez más extendido entre los sectores implicados en el fenómeno de las drogas y está conduciendo a un progresivo descrédito de la política de prohibición, incluso entre algunos sectores conservadores que, en un momento de retroceso de las políticas sociales, consideran que se destina demasiado esfuerzo y dinero a unas políticas que muestran una alarmante falta de eficacia.
1. La construcción del «problema de la droga». Durante milenios, la relación de la humanidad con las drogas ha sido, en general, poco traumática. Las diferentes culturas, a partir de su experiencia de uso, han ido creando una serie de rituales y pautas de comportamiento que han hecho que el consumo de sustancias psicoactivas esté, en general, bien integrado. Hasta el siglo XIX, con escasas excepciones, el comercio de cualquier droga era libre. Las primeras regulaciones provienen de la presión del estamento médico y, sobre todo, farmacéutico, a fin de garantizar la exclusividad en el comercio de fármacos. Se trata, por tanto, de defender intereses económicos y no la salud pública, que la mentalidad de la época no considera amenazada por las drogas. Además, la tradición constitucionalista occidental no concibe la posibilidad de que los estados legislen sobre la dieta y los hábitos personales de sus ciudadanos, ni siquiera en cuestión de drogas. El hecho de que sean los Estados Unidos los primeros en imponer prohibiciones en esta materia se debe al hecho de que en aquel país la frontera entre religión y estado es difusa. Lo sorprendente es que ese modelo se haya impuesto también en nuestro continente, ya que una legislación así habría sido impensable en la Europa del siglo pasado.
Las cosas irían cambiando por varias razones. Por una parte, se extiende el uso de formas purificadas de droga, bien sean las bebidas alcohólicas de alta graduación —hasta entonces producto casi de lujo— o los principios activos puros que se van aislando, como morfina y cocaína. Esto genera nuevas formas de consumo, generalmente más adictivas, y surgen los primeros movimientos a favor de la temperancia, es decir, lo que hoy llamamos el uso responsable. Esta corriente tuvo eco en el movimiento obrero, dado que las pésimas condiciones de vida de la época favorecieron la extensión del alcoholismo. Por otra parte, la entrada de inmigrantes latinoamericanos y chinos en Estados Unidos produjo un aumento en el consumo de opio y marihuana en este país y las primeras reacciones de una alarmada y puritana clase media blanca que acabó dando lugar, entre finales del XIX y comienzos del XX, al prohibicionismo organizado.
A partir de ese momento, la historia de las drogas consiste, sobre todo, en la exportación desde Norteamérica de la imagen de las mismas como amenaza y la idea de que es necesario perseguirlas hasta acabar con ellas. Sin duda, en esta cuestión es donde los Estados Unidos han obtenido un triunfo más claro a la hora de convertir la ideología de su élite en modelo para el resto del mundo, habiendo liderado desde entonces cualquier iniciativa en la materia. Los Estados Unidos son los que proponen —e imponen— la prohibición de nuevas sustancias; se encargan de formar a la mayoría de especialistas de los organismos internacionales y cuerpos policiales de otros países; intervienen directamente en países del Sur, sobre todo en Latinoamérica, mediante tropas y asesores (Plan Colombia, invasión de Panamá…); y se permiten aprobar o suspender la política anti-drogas de otros países mediante la llamada certificación, que impide recibir ayudas económicas estadounidenses mientras las cosas no se hagan a su gusto. Algunas drogas ilegales, por sus efectos o forma de consumo, provocan rechazo en una sociedad poco habituada a ellas. Así sucede con las drogas de efecto alucinógeno o con las que necesitan inhalarse por la nariz o autoinyectarse. Pero la razón fundamental para que las drogas ilegales sean rechazadas con tal intensidad estriba en el hecho de que los estados fueran trazando, paulatinamente, una línea clara de separación entre drogas buenas y malas. En una sociedad donde la legalidad es un valor fundamental, el simple hecho de que algo esté prohibido y se castigue su posesión —en algunos países incluso con la muerte— hace que la sustancia en cuestión se cargue de negatividad. Sumemos una política de control, claro ejemplo de profecía autocumplida, que provoca los mismos desastres que asegura intenta evitar y unos medios de comunicación alineados sin fisuras con el discurso oficial (en muchos países, atribuir efectos positivos a una droga ilegal se castiga con la cárcel) y entenderemos porqué el discurso apocalíptico sobre ciertas drogas ha calado de tal manera.
La ilegalidad y la imagen negativa se alimentan recíprocamente. Como toda norma, la prohibición de drogas estigmatiza y persigue como desviadas a las personas que no la respetan, empujándolas a una clandestinidad de la que sólo emergen quienes necesitan ayuda para superar su situación. Los usuarios normales desaparecen de la vista y sólo son visibles los adictos más degradados —en especial los más pobres, que al no disponer de un espacio privado se ven obligados a consumir y hasta a vivir en la calle—, los muertos por adulteración o sobredosis y los arrepentidos, confirmando una imagen negativa que, en la mayoría de los casos, ha sido modelada antes de que hubiera una población significativa de usuarios.
En la actualidad, la imagen social de “la droga” está compuesta, sobre todo, de falsos tópicos. Se habla de droga, en singular, para referirse a decenas de sustancias absolutamente diferentes entre sí; se tiende a olvidar que el tabaco, el alcohol, los psicofármacos, etc., también son drogas, muchas de ellas más peligrosas que las prohibidas; se equipara consumo con dependencia, incluso en sustancias que no son susceptibles de provocarla; en fin, se identifica a las drogas con muerte, enfermedad, sufrimiento, infierno y un largo etcétera.
La imagen dominante de as personas consumidoras ha variado con los años, pasando de viciosos a delincuentes y luego a enfermos, pero siempre con la idea de que se trata de personas a las que, por su bien, hay que llevar al buen camino. A pesar de tratarse, en general, de personas adultas y capaces, no sólo no participan en modo alguno en la toma de decisiones que les afectan (algo nada raro en nuestro restrictivo modelo de democracia) sino que ni siquiera se toma en cuenta su opinión, a la que los numerosos estudios oficiales no suelen dedicar ni una línea. Ello es consecuencia de la identificación automática, absolutamente falsa, que se establece entre consumo, dependencia y pérdida de control de la propia vida. Nuestra vida se organiza, en gran medida, en torno a hábitos y dependencias que vamos adquiriendo durante el transcurso de la misma. Tales hábitos, incluido el uso de drogas, no tiene porqué ser causa de problemas por sí solos y así suele suceder normalmente. La idea de que la dependencia de determinadas sustancias (es decir, las ilícitas), causa, por sí sola, dolor, infelicidad e incapacidad para valerse por sí mismo es falsa y tan sólo tiene sentido en el seno de unos estereotipos destinados a justificar la persecución.
Las drogas ilícitas desempeñan en la sociedad de hoy una función de chivo expiatorio similar a la que en el pasado tuvieron las brujas. No es casual que en la actualidad las tres cuartas partes de las personas encarceladas lo estén por cuestiones relacionadas con esas drogas, una proporción que hasta el siglo XVIII correspondía a disidentes religiosos y en el XIX a disidentes políticos. Se trata, sencillamente, de que hoy en día el llamado problema de la droga es el famoso fantasma que recorre, no sólo Europa, sino todo el mundo. Un discurso sospechosamente orwelliano, bien orquestado, difundido masivamente y repetido hasta la saciedad, presenta a las drogas bajo un prisma sistemáticamente catastrofista, extendiendo la idea de que se trata de una especie de virus maligno que los narcotraficantes, una de las figuras más siniestras de hoy, difunden por doquier para lograr convertir a las personas en adictos y poder así aprovecharse de ellas. La interesada imagen de las drogas ilegales como causa de graves problemas sociales —cuya naturaleza real se intenta ocultar— y las políticas supuestamente preventivas basadas en la difusión de la idea de que son algo malo en sí mismo, son uno de los pilares sin los que la guerra contra las drogas sería inconcebible.
2. Tradicionalmente, la izquierda ha dejado de lado aquellos problemas que no estuvieran directamente relacionados con las relaciones de producción, como la cuestión nacional, el género o el medio ambiente. Por ello, los textos dedicados al fenómeno de las drogas son bastante escasos. Pese a ello, durante el siglo XIX, el alcohol —especialmente las bebidas de alta graduación— y su influencia en la clase obrera provocó un intenso debate en el seno del socialismo alemán, primero, y europeo, más tarde. De un lado se hallaban los partidarios de la abstinencia total, muy en sintonía con el puritanismo de parte de la burguesía de la época, que usaban contra el alcohol el mismo tipo de argumentos que algunos mantienen hoy contra las drogas ilegales: el alcohol degrada y desmoviliza, haciendo que la clase obrera se evada y olvide sus problemas, en lugar de luchar para resolverlos. El otro sector, en el que destacan Engels y Kautsky, subrayaba el importante papel de las tabernas en la socialización de la clase trabajadora y en el intercambio de ideas y defendía el consumo moderado de vino y cerveza, si bien compartía el prejuicio de que el aguardiente desmoviliza al proletariado.
El pensamiento de izquierda ha estado, en general, impregnado de una visión puritana de la vida, que considera el trabajo, la sobriedad y el sacrificio como valores fundamentales de la clase obrera. Todo lo que tenga que ver con el hedonismo, con el placer por el placer, se ve con lejanía cuando no con rechazo. Aquí resulta clave la influencia que ejerció sobre los primeros teóricos socialistas la tradición cristiana y la ética protestante del trabajo. No olvidemos que la moral judeo-cristiana tiende a rechazar como impura la ebriedad, en especial la no-alcohólica, habiendo perseguido —incluso con la hoguera— ciertos consumos e implantando un tabú, similar al del sexo, que hizo desaparecer a la mayoría de las drogas de los libros de historia.
La primera denuncia desde la izquierda contra la prohibición que había comenzado a aplicarse en 1912 vino de las filas anarquistas, donde el italiano Malatesta, en 1922, con argumentos que mantienen toda su vigencia, sostenía que “la ley es inútil para erradicar un vicio” y que su inevitable fracaso sólo conduce a la imposición de nuevas leyes cada vez más duras. Por ello, defendió abiertamente el libre uso y comercio de la cocaína.
Este debate pasa a un segundo plano durante décadas y sólo vuelve a aparecer cuando el uso de drogas ilegales adquiere carácter masivo y la alarma social crece, es decir, a finales de los sesenta y en los setenta, coincidiendo con la conversión del fenómeno en problema. En esta nueva etapa es la postura prohibicionista la que domina, usando argumentos que se apartan poco del discurso oficial. En Estados Unidos, las ideas puritanas de Malcolm X, que propugna “liberarse” para siempre de la embriaguez, acaban desembocando en la tesis de a introducción de las drogas en los barrios negros para acabar con las Panteras Negras. La idea del uso por parte del poder de las drogas para acabar con la movilización popular se extiende a la izquierda europea, desde los autónomos a los PCs, y a los movimientos de liberación nacional. Las acciones de IRA y ETA contra traficantes serán la parte más sangrienta de una represión propugnada desde una izquierda impregnada de los valores dominantes.
El planteamiento, defendido con vehemencia en Euskal Herria por buena parte de la izquierda abertzale, de que las drogas son un arma del estado para desmovilizar y alienar, no sólo carece de pruebas que lo sostengan, sino que entra en contradicción con el hecho, constatado una y otra vez, de que los sectores con consumos más elevados de drogas ilícitas tienden a tener una ideología más izquierdista y se movilizan más por problemas sociales que el resto de la población. Esto es lógico si tenemos en cuenta que el consumo de drogas implica violar, a la vez, los tabúes de la moral dominante y leyes represivas, una barrera que, lógicamente, resulta más fácil de franquear a quienes rechazan el orden vigente. Por otra parte, no se entiende que el estado persiga y castigue, incluso con la cárcel, una conducta que pretende, supuestamente, promover. El hecho de que haya numerosos policías corruptos vinculados con el tráfico de algunas drogas sólo viene a confirmar algo tan sabido como que los cuerpos policiales siempre han tendido a beneficiarse de los negocios que se dejan al margen de la ley, como sucede con a prostitución o el contrabando.
Consideramos que el prohibicionismo es incompatible con las ideas, no sólo de izquierda, sino mínimamente progresistas. Defender, contra toda evidencia, la bondad de unas drogas frente a otras, imponiendo por la fuerza hábitos personales al resto de la población, es decir, actuando como vanguardia moral que decide por encima de la voluntad de las personas, convierte el discurso de la izquierda en un calco de la hipócrita moral dominante. Por otra parte, considerar una droga buena o mala en función de su situación legal implica equiparar legalidad con legitimidad, algo bien alejado de las ideas que han caracterizado a la izquierda desde su origen. La distinción entre drogas legales e ilegales carece de base científica y se sostiene tan sólo por una conjunción de intereses, en gran parte situados cerca de las cúpulas de poder. La izquierda debe posicionarse ante la prohibición de las drogas como ante cualquier recorte de las libertades individuales, con la agravante de que la política prohibicionista castiga con mayor intensidad a los países y sectores sociales más desfavorecidos. La tutela exterior sobre la salud es una práctica autoritaria que debe quedar fuera de las ideas de la izquierda.
3. Prohibir es un buen negocio. En junio de 1998, un grupo formado por más de seiscientas personalidades de todo el mundo, que incluía al ex-secretario general de la ONU, Pérez de Cuéllar, varios ex-presidentes y un buen puñado de premios Nobel, se dirigió a la Sesión Especial sobre Drogas de la ONU mediante un manifiesto titulado “Creemos que la guerra contra las drogas está causando más daño que las drogas mismas”, publicado en las páginas centrales del New York Times. Una creciente corriente de opinión, de la que el manifiesto anterior es una clara muestra, considera que las políticas actuales son ineficientes, inútiles, y un importante impedimento a la introducción de estrategias innovadoras para dirigirse al fenómeno de las drogas ilícitas, tanto de manera global como local, y afirma que el reforzamiento de la política actual generará un deterioro de la situación de las drogas, y una creciente falta de credibilidad de estas políticas en la opinión del público en general como, de hecho, ya ha comenzado a suceder.
La guerra contra las drogas es, actualmente, uno de los mayores problemas que padece la humanidad, por mucho que nos hayamos acostumbrado a convivir con ella sin percibirla. Solemos asistir al goteo de noticias sobre las muertes y daños que causa sin darnos cuenta de que todas ellas tienen un origen común y sin percibir la enorme dimensión que adquiere el fenómeno cuando se ponen juntas todas sus consecuencias negativas. Aunque resulta difícil hacer un cálculo, debido al empeño de la propaganda oficial en dispersar y camuflar los datos, las muertes que esta política de guerra ha provocado, directa o indirectamente, desde su comienzo, deben sumar ya varios millones. Aquí se incluyen desde los campesinos que sufren enormes operativos militares y policiales, además de fumigaciones masivas con pesticidas, hasta los pequeños traficantes (en Estados Unidos mueren más personas por las operaciones policiales anti-droga que por las propias drogas) y consumidores, entre una parte de los cuales la adulteración y la propagación de enfermedades debidas a las malas condiciones de consumo han provocado una auténtica masacre. Todo ello sin contar, naturalmente, lo que el lenguaje militar suele denominar daños colaterales.
Para poder desarrollarse, esta guerra permanente emplea cientos de miles de personas y dilapida una cantidad incalculable de recursos. El sistema penitenciario se dedica en un 80 % a la guerra contra las drogas ilícitas, igual que una gran parte del aparato judicial, policial y militar. Dependiendo de los países, la parafernalia incluye desde satélites espía hasta charlas en las escuelas para que los hijos e hijas de usuarios de drogas delaten a sus padres, en una estrategia de todo vale, desproporcionada, inhumana y costosísima. El Partido Popular (PP), cuando estaba en la oposición, calculaba que la lucha contra las drogas se llevaba en el estado entre 600.000 millones y un billón de pesetas anuales, si bien este cálculo deja fuera numerosos gastos que se imputan en apartados variadísimos y que es casi imposible precisar.
La desproporción entre los daños producidos por las drogas y los causados por las políticas de prohibición, sin embargo, no parece suficiente para que las instituciones cambien de rumbo. Cualquier cambio de signo aperturista debe superar el obstáculo de una opinión pública sometida durante años a un verdadero lavado de cerebro. Sin embargo, no es esta la verdadera razón que impide el cambio, sino, por un lado, la conjunción de numerosos intereses que han hecho de la lucha contra las drogas un fin en sí mismo y, por otro, la absoluta falta de transparencia y control democrático de las instituciones encargadas de marcar las directrices que los diferentes gobiernos están obligados a llevar a la práctica.
El dinero procedente del comercio ilícito de drogas, que supone decenas de billones de pesetas, es lavado en los mismos grandes bancos que donan dinero a las fundaciones anti-droga, mientras los servicios secretos y ejércitos de numerosos países financian sus operaciones ilegales con dinero procedente del narcotráfico, actividad que frecuentemente practican ellos mismos o encubren, mientras eliminan la competencia con a excusa de la lucha contra las drogas, como hiciera la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) con el mercado de la heroína y la cocaína en los años setenta y ochenta o como sigue haciendo la policía marroquí, que persigue a los pequeños traficantes que se tragan unos gramos de hachís mientras la familia real aparece implicada una y otra vez en el tráfico a gran escala. Por otra parte, es lógico que muchos estados del Sur toleren conscientemente el tráfico, dada la inyección de divisas que supone para sus economías, atenazadas por la deuda externa y el intercambio desigual.
El general Schwarzkopf, comandante de las tropas aliadas en la Guerra del Golfo, declaró que “el narcotráfico es, tras la caída del comunismo, el principal enemigo para los intereses de los Estados Unidos”. No se trata de que los Estados Unidos corran el riesgo de verse desestabilizados por el narcotráfico, cosa que sí sucede en algunos países, sino de alimentar la imagen de un enemigo externo peligroso e incorpóreo que, concluida la división en bloques, permite a los Estados Unidos ejercer un liderazgo indiscutible en una cuestión fundamental para el mantenimiento de un orden internacional acorde con sus intereses.
A todo lo anterior hay que sumar la existencia de un influyente grupo de presión, formado por una increíblemente numerosa casta de funcionarios, fundamentalmente de organismos internacionales, y por una serie de poderosas ONGs, muchas de ellas vinculadas con grupos cristianos fundamentalistas, que mueven subvenciones multimillonarias a cuenta de la misma alarma social que promueven. Existe una tupida red de observatorios, institutos, fundaciones y empresas, con miles de personas en plantilla, que viven de la existencia de un problema fabricado y que, en la mayoría de los casos, tienen un interés objetivo y, con frecuencia indisimulado, en mantener todo tal y como está.
El fracaso de las políticas anti-drogas y la inconsistencia de su base científica son evidentes para cualquiera que dedique un mínimo esfuerzo a analizar la situación actual. Los responsables políticos de la guerra contra las drogas saben de sobras a estas alturas que son sus propias decisiones las que causan la mayoría de las muertes y del sufrimiento que ellos achacan a las drogas ilegales. Es urgente acabar con la prohibición y abandonar la absurda y contraproducente idea de un mundo sin drogas, pues cada día que pasa significa más víctimas. No se trata de una simple discusión acerca de leyes: nos encontramos ante una guerra y lo primero es pararla como sea, especialmente cuando sabemos que los muertos y los prisioneros los pone un solo bando.
4. Reivindicar el derecho a las drogas. La enorme dimensión de los daños que la ilegalidad de algunas drogas está provocando es suficiente para que la izquierda en general y Zutik en particular asuman la legalización inmediata de todas las drogas como un objetivo propio con todas las consecuencias y poniendo en ello el énfasis y la energía que requieren unas políticas autoritarias y represivas cuyas consecuencias negativas se pueden equiparar a las de la precariedad laboral o el armamentismo. Dadas las circunstancias actuales, la legalización aparece casi como una utopía pero, paradójicamente, exige muy pocos cambios en el actual marco jurídico. Existen propuestas muy elaboradas que permitirían dar ese paso sin demasiadas complicaciones, como la del Grupo de Estudios de Política Criminal, que propone incluir las drogas prohibidas en la Ley del Medicamento, despenalizar su producción, comercio y consumo, y regular su venta como fármacos sin receta.
Por otro lado, tenemos suficiente número de ejemplos prácticos como para saber que la tolerancia hacia el comercio de drogas ilegales no suele acarrear sino beneficios, además de no producir el boom en el consumo que la propaganda oficial vaticina. El consumo de cannabis en los Estados Unidos, donde la tenencia de unas plantas de marihuana puede suponer veinte o treinta años de cárcel, es el doble que en Holanda, donde la venta es libre, con la diferencia de que en Holanda han desaparecido las mafias del cannabis, el producto no suele estar adulterado y la forma de usarlo es más saludable, reduciéndose el policonsumo y el paso a sustancias más adictivas.
Pero más allá de las ventajas prácticas que acarrearía acabar con unas políticas dañinas, defender la legalización es una cuestión de principios. La persecución que se ejerce sobre el consumo de drogas ataca la libertad individual de millones de personas por la simple razón de haber decidido consumir unas drogas distintas a las de la mayoría. Las personas usuarias arrastran un estigma y una presión social que deteriora su calidad de vida y les afecta en todos los terrenos. En nuestro caso, el Estatuto de los Trabajadores considera causa de despido la dependencia de drogas, lo cual, en el caso de las ilegales, llega a incluir el simple consumo. Un acoso constante, con redadas en bares, controles de carretera, decenas de miles de multas y tratamientos de deshabituación impuestos por la fuerza, resultado de una legislación heredera de la Ley de Peligrosidad Social del franquismo, convierte a las personas usuarias en ciudadanos de segunda.
El uso de cualquier droga, por las razones que cada cual elija, es un derecho individual inalienable. Ni el estado ni la medicina tienen autoridad alguna para controlar el cuerpo ni la vida de las personas, sea en el terreno de la sexualidad, en la eutanasia e incluso en el suicidio. Exigir el fin de la discriminación y persecución de las personas usuarias es, sencillamente, una consecuencia lógica de aplicar el derecho a la diferencia y el control de la propia vida. Durante mucho tiempo, homosexualidad y uso de drogas tuvieron la misma consideración moral y legal: se trataba de conductas desviadas que era necesario perseguir y corregir luego mediante la reeducación obligatoria. Ahora que a discriminación por motivo de la orientación sexual ha llegado a ser un delito, resulta incongruente que siga en vigor una legislación que sigue discriminando a más de dos millones de personas en el estado español por sus hábitos individuales de consumo.
Este planteamiento libertario debe extenderse a todas las conductas relacionadas con las drogas, ya que el extendido planteamiento de defender la despenalización del consumo, mientras se mantiene la prohibición del comercio, no sólo no arregla los problemas más graves, sino que es tan incoherente como defender la libertad de prensa mientras se prohíben las librerías. El argumento del carácter mafioso de la mayoría de grupos dedicados al tráfico de drogas no tiene validez: las mafias de las drogas no son esencialmente distintas de cualquier otra empresa; la única diferencia es que la presión para que cumplan las leyes laborales y de comercio —bastante escasa de por sí en las empresas legales— es nula, lo que acaba perjudicando a sus trabajadores y clientes, mientras enriquece a quienes las controlan.
La prohibición de las drogas es un fenómeno global de dimensiones descomunales, cuya pervivencia es inseparable de una concepción invasiva y autoritaria del estado y de una moral hipócrita y xenófoba. Acabar con ella va a ser una de las principales batallas políticas del próximo siglo, puesto que, pese a que la situación va a seguir degradándose, la presión para impedir el cambio va a ser brutal, dado que representa una de las bases del nuevo orden internacional que aún se está conformando. Zutik asume el antiprohibicionismo como uno de los planteamientos troncales de su ideario, teniendo muy en cuenta, eso sí, que no se deben perder las escasas ventajas que la ilegalidad ha reportado, en forma de recurso económicos extras, para países y colectivos empobrecidos, especialmente entre el campesinado de muchos países del Sur. Frente a planteamientos de cariz neoliberal, que propugnan como salida un mercado libre de drogas, Zutik defiende una regulación que tome en cuenta el punto de vista de los países productores del Sur, favorezca la autogestión y siga las reglas del comercio justo. Debemos sacudirnos de encima la carga de una concepción puritana de las drogas que, no sólo es ajena a nuestra tradición ideológica y cultural, sino que contribuye, objetivamente, a perpetuar una situación injusta. El concepto comenzó a desarrollarse a partir de las experiencias británica y holandesa, en los años ochenta, aunque su origen cabe situarlo en el 20º informe de la Comisión de Expertos de la OMS, de 1974. En él se afirmaba que “… el principal objetivo (…) debería ser prevenir o reducir la incidencia y severidad de los problemas asociados con el uso no médico de las drogas. Este es un objetivo mucho más amplio que la prevención o reducción de drogas per se”. Por tanto, la reducción de daños parte del principio de aceptar que, nos guste o no, el uso de drogas va a seguir estando ahí y es mejor que se produzca en las mejores condiciones. Por supuesto, este planteamiento choca de frente con la idea de un mundo sin drogas y, por eso, los documentos de la Sesión Especial sobre Drogas de la ONU de 1998, los que marcan las directrices de actuación a nivel mundial para la década 1998-2008, no usan ni una sola vez la expresión “reducción de daños”.
Las actuaciones que se han desarrollado en este terreno, como el intercambio de jeringuillas y los programas de metadona, siendo un avance imprescindible, resultan claramente insuficientes, dado que sólo afectan a una pequeña minoría del conjunto de usuarios. Además, se trata de una estrategia escasamente consolidada, como lo demuestran las graves dificultades legales y el boicot por parte de diversas instituciones estatales e internacionales a que se enfrentan las nuevas actuaciones que se plantean, como los programas de heroína o las salas de consumo higiénico, mal llamadas narcosalas. Consideramos que tales medidas, si bien son insuficientes por sí solas, deben implantarse con urgencia, antes de que el daño sea mayor. Por tanto, más que la legalización, la batalla a corto plazo va a ser la profundización y diversificación de la política de reducción de daños, aún hoy gravemente amenazada, ya que de hecho ni siquiera se aplica en las drogas legales, como alcohol o tabaco, contra las que también se empieza a aplicar la tolerancia cero.
La gran mayoría de las personas que consumen drogas lo hacen porque perciben que, de una u otra manera, la sustancia mejora su calidad de vida y no tienen intención de abandonar el consumo. La dependencia física sólo afecta a una parte pequeña de quienes usan drogas ilegales, y ese uso no acarrea grandes problemas de salud a la mayoría de quienes lo practican. En realidad, los principales daños que sufren los consumidores de drogas ilícitas (estigma, adulteración, represión directa y desinformación) están directamente causados por la prohibición. Por tanto, la aplicación hasta sus últimas consecuencias de la reducción de daños implica la legalización. De hecho, lo sensato es defender que la reducción de daños sea el principio rector de las políticas de drogas y deje de supeditarse a las políticas represivas, dado que ahora se limita a reparar una pequeña parte de las consecuencias más graves de las mismas.
En consecuencia, se deben impulsar todas aquellas medidas intermedias que el actual marco legal permita desarrollar, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y su entorno, pero sin renunciar a superar los límites de ese marco, exigiendo ante empresas e instituciones la derogación —cuando entre dentro de sus competencias— o no aplicación de las legislaciones discriminatorias (como los apartados correspondientes de la Ley de Seguridad Ciudadana y el Estatuto de los Trabajadores) o que dificulten la implantación de nuevas medidas. Se debe reclamar la creación de servicios públicos de análisis de sustancias y la despenalización inmediata de la autoproducción de cannabis (sustancia ilegal más consumida y que llega en pésimas condiciones al mercado), así como permitir su producción y venta, al menos en circuito cerrado, como forma de paliar el principal problema de salud asociado a las sustancias ilícitas, la adulteración.
El otro reto es extender la reducción de daños a toda la cadena de la producción y comercio de drogas ilegales, como propusiera en su día la Coalición Internacional de Organización(es) no gubernamental(es) (ONG) por una Política de Drogas Justa y Eficaz, que en su manifiesto fundacional, que Zutik suscribió en su momento, plantea una serie de medidas paliativas básicas para reducir el impacto de la guerra contra las drogas: despenalización del consumo y la producción a pequeña escala, desmilitarización completa de las actividades anti-droga, fin de la política de erradicación de cultivos y sustitución por proyectos económicos viables y consensuados con las poblaciones afectadas, fin de las fumigaciones masivas, respeto a la libertad de expresión en materia de drogas, etc.
En conclusión, las políticas de drogas deben servir para establecer y mantener las condiciones bajo las cuales la salud, el bienestar, el equilibrio y el enriquecimiento físico, mental y espiritual de individuos y de sociedades pueden prosperar. El objetivo que deben perseguir dichas políticas es el logro de una convivencia pacífica entre seres humanos y drogas, basada en una legislación que no imponga otros límites que los derivados del respeto a los derechos de terceras personas y que elimine cualquier discriminación. Como primer paso, estas políticas deben ser subordinadas a los principios integrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre Biodiversidad y otros acuerdos internacionales, en particular los principios que garantizan el respeto a los derechos sociales, económicos y políticos y a la diversidad cultural de todos los individuos, y a aquellos que toman en cuenta la sostenibilidad del planeta.
No sabemos qué camino tomarán las políticas que regulan el fenómeno de las drogas en el futuro, pero es seguro que, sean cuales sean las medidas que se apliquen, las drogas seguirán estando ahí. Como cualquier actividad humana, el uso de drogas conlleva riesgos y beneficios: se trata de sustancias que, bien utilizadas, ayudan a las personas a vivir más sanas y felices, aunque algunas tienen una gran capacidad adictiva o efectos secundarios que pueden llegar a ser muy adversos, incluso mortales. Por lo tanto, la legalización de todas las drogas no va a servir —ni lo pretende— para que las mismas dejen de provocar problemas, pero es seguro que mejorará el balance entre daño y beneficio y reducirá en gran medida la enorme cantidad de muertes, sufrimientos y destrucción que ha provocado y provoca la prohibición, colocándonos por fin en el camino hacia una convivencia menos traumática y más enriquecedora con unas sustancias que han acompañado y, probablemente, acompañarán a la humanidad a lo largo de su andadura.