El primer apunte sería comunicar a los lectores y lectoras, que no es el objetivo de este escrito indagar y sacar trapos sucios de los trágicos sucesos de Valtierra, que se saldaron con el asesinato de dos jóvenes. Ni sabemos, ni queremos, ni podemos comentar algo al respecto, sólo una mención haremos: manifestar nuestro respeto y solidaridad con las víctimas y familiares.
Dicho esto, nos centraremos en lo que humildemente hemos venido haciendo en PROLEGA hasta ahora, tratar de analizar el fenómeno de las drogas e intentar buscar soluciones.
Empezaremos hablando sobre lo que denominaremos peculiaridades del tráfico o compraventa de drogas ilegales:
No es difícil entender cómo funciona este mercado; si existe demanda de un producto, siempre existirá una oferta que la satisfaga.
Este mercado está fuera de la ley, pero es real y perdura, gestionándolo una difusa figura llamada mercado negro, que como sabemos tiene sus propias normas, sobre todo teniendo en cuenta el riesgo que implica su actividad ilegal. Ante esto, obviamente el valor añadido de la mercancía se multiplica por cien.
Como todo mercado, tiene sus productores, transportistas, mayoristas y varios proveedores, una completa escala de personas que trabajan para satisfacer a una gran demanda, que genera a su vez unos flujos de capital importantes y de gran magnitud.
Estos vendedores desempeñan una función que no realiza el mercado normalizado, satisfaciendo las necesidades de una parte de la población, desde luego buscando un beneficio, que dado el riesgo que conlleva su actividad, será el mayor posible. Además, al estar fuera de la ley, estos vendedores no rinden cuentas, ni con Sanidad (permisos y tarjetas sanitarias) ni con Hacienda (impuestos), dando como resultado un mercado sin control sanitario y defraudando impuestos al Estado, hecho éste que en cualquier otro sector económico supondría un gran escándalo, con la rápida intervención de las administraciones.
Por lo que respecta a la otra parte del mercado, los consumidores y consumidoras:
Vemos que compran drogas voluntariamente, para realizar un uso lúdico y placentero en la mayoría de los casos. Según algunos datos, ni un 10 % de consumidores/as de drogas, legales o no, tienen problemas con las drogas.
Un hecho curioso es que para el consumidor, el proveedor-traficante no es un delincuente, sino un proveedor de algo con lo que normalmente pasará un buen rato. Es curioso, ya que sólo para un tercero (el Estado) existe la figura del delincuente, y no porque defraude impuestos o no tenga tarjeta sanitaria, sino por realizar una actividad contra la seguridad y salud pública. Siendo en realidad lo escandaloso, el hecho de no regular estos consumos sanitariamente por algún organismo oficial.
Quizás sea esta circunstancia —no concepto de delito— la que haga que mucha gente se apunte a ganar un dinero fácil, siendo de todas formas los escalafones más bajos de este mercado (consumidores y pequeños proveedores) los que sufren más (multas, ¿cárcel?). La delincuencia existe y existirá, por necesidad o por el propio carácter humano, pero en el caso del fenómeno de las drogas, vemos que su actual estatus legal (prohibición) genera o refuerza esa denominada delincuencia.
Recordemos que un alto porcentaje de los ocupantes de las cárceles, los son por motivos relacionados por drogas.
Recordemos que el gasto policial y en seguridad por estos motivos es enorme.
Todo esto supone una espiral sin fin, continuamente renovada, ya que lo que está claro es que se van a seguir consumiendo drogas, y que mientras exista tanto dinero por medio, siempre habrá gente dispuesta a comerciar, es una batalla perdida de antemano.
Soluciones Las personas que formamos PROLEGA, opinamos que sólo se pueden buscar soluciones intentando racionalizar el fenómeno, siendo pragmáticos. Normalizando legalmente el uso, hecho éste que ya está normalizado por un importante sector de población (un tercio de los jóvenes europeos afirman haber consumido cannabis).
Sólo así se podrá por lo menos restar algo a esa máquina generadora de delincuencia que parecen ser el estatus legal de estas y todo lo que trae consigo.
Para terminar, dos preguntas: ¿Por qué no se toman soluciones para corregir esta situación? ¿Qué intereses pueden existir para no iniciar esta normalización? La verdad es que las respuestas darían lugar a otro artículo bastante extenso; confiamos amigos lectores y lectoras que esperen pacientemente al siguiente artículo, o mejor aún, que se animen ustedes mismos a opinar también sobre estas preguntas al aire.