Superar la prevención

Algunas consideraciones sobre el abordaje tradicional de los riesgos y daños asociados al uso de drogas

La prevención suele presentarse como la única solución posible al denominado problema de las drogas. Partiendo del hecho de que no se trata de una idea nueva y de que, en la actualidad, está prácticamente institucionalizada, en este trabajo se critica la ambigüedad del concepto y se propone su superación mediante políticas de reducción de riesgos y daños como paso previo hacia una inevitable normalización del consumo y tráfico de drogas.

Pocos meses antes del comienzo de este nuevo siglo —y milenio— la Federación Andaluza de Drogodependencias se congratulaba por el hecho de que, por fin, hubiéramos entrado en la que los expertos han decidido considerar como “década de la prevención”. Como prueba de ello, se recordaba la invitación, hecha “por primera vez” en la Asamblea General de Naciones Unidas de 1998, a todos los países para que diseñaran estrategias dirigidas a la “reducción de la demanda de droga”, así como la voluntad expresada por la Unión Europea, que ha dispuesto que antes del año 2003 “todos los Estados deben contemplar de manera prioritaria la prevención en sus estrategias nacionales”. En cumplimiento de dicha disposición, en España se está desarrollando la denominada Estrategia Nacional sobre Drogas para 2000-2008, que contempla “compromisos concretos en el campo de la prevención”; por ejemplo, todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes deberán tener antes del año 2003 un Plan Municipal de Drogodependencias y para 2008 este mandato habrán de cumplirlo todos los municipios¹.

Sin embargo, ante los ojos del historiador, las soluciones basadas en una política preventiva no resultan para nada novedosas.

Conviene empezar por recordar que la protección de la salud pública responde a un concepto relativamente reciente dentro de la historia del Derecho. Implica, por una parte, el reconocimiento del bienestar general como un patrimonio colectivo a preservar y, por otra, la existencia de unas conductas capaces de poner en peligro dicho bienestar, es decir, los denominados delitos de riesgo.

Por ejemplo, en el Código penal español de 1870, las irregularidades en la venta de fármacos, sustancias nocivas para la salud o productos químicos capaces de producir grandes estragos (sustitución de uno por otro, adulteración, fraude…) estaban tipificadas como delitos contra la salud pública. En aquella época, las drogas actualmente prohibidas recibían la misma consideración que cualquier otro fármaco, es decir, eran productos de consumo libre, para cuya venta estaban autorizados drogueros y boticarios.

Por eso, en 1918, cuando las autoridades gubernativas decidieron someter ciertas sustancias (opio, morfina, cocaína, éter, cloral, etc.) a un régimen de control o restricción, se pensó en la receta médica obligatoria como requisito suficiente para preservar la salud pública en este sentido. Lógicamente, a efectos penales, esta exigencia no afectaba al comprador, sino al vendedor, lo cual casaba perfectamente con la idea inicial de proteger a las personas de drogas que otros querían venderles.

El paso decisivo de la restricción a la Prohibición se dio en 1928, cuando entró en vigor un nuevo Código penal —que ya prestaba una especial consideración a las “drogas tóxicas o estupefacientes”, separándolas del resto de sustancias potencialmente peligrosas para la salud— y se promulgaron las Bases para la Restricción del Estado en la distribución y venta de estupefacientes, pues a partir de ese momento ya no sólo se castigó la venta ilícita de drogas, sino también su posesión sin receta. Este cambio legislativo implicaba necesariamente una perversión del concepto inicial de delito contra la salud pública, pues ya no se trataba de proteger a las personas de drogas que otros querían venderles, sino de drogas que ellas mismas querían comprar.

Desde entonces nuestros gobiernos han ido ensayando distintos modelos de intervención en materia de drogas: el modelo penal (o jurídico represivo), el modelo médico-sanitario, el modelo psicosocial, el modelo sociocultural (o antropológico-cultural), el modelo estructural…² Todos son distintos, pero a la vez, todos tienen un nexo en común: anteponen la seguridad nacional a la seguridad personal, lo cual determina que, en vez de una visión endémica, siga persistiendo una visión epidémica del asunto. Y de ahí que la máxima que dice “no existen enfermedades sino enfermos” no termine de cuajar o de sedimentarse en el campo que nos ocupa, y más que de drogodependientes —diferentes entre sí, en función de su caracterización y necesidades— se siga hablando de drogodependencias.

Por lo que respecta a la prevención, hacia mediados de la década de los años 20 ya se constituyó en Barcelona la Asociación contra la Toxicomanía, cuyo principal objetivo era “poner de manifiesto los enormes daños causados al individuo, a la sociedad y a la raza por el uso indebido de substancias estupefacientes”³ y durante la II República un reportero que respondía al lacónico seudónimo de Kim dejaba sentenciado —a propósito de “las tragedias de los paraísos artificiales”— en el diario gráfico Ahora: “La higiene social no es represión, sino prevención”⁴.

Tres lustros más tarde, cuando el hambre y la miseria de la posguerra se cebaban en la mayoría de los españoles, Martín Abizanda aseguraba, desde las páginas de la revista Semana, que España, “al margen de la O.N.U.”, estaba “a la vanguardia en la lucha preventiva y curativa”⁵. Seguramente, a más de uno le parecerá una cruel ironía calificar la política de Franco en materia de drogas como preventiva, pero en 1968 la reportera María Teresa Dolset afirmaba que fue precisamente con la aprobación de la Ley de Vagos y Maleantes (1933) cuando “se introdujo en España el Derecho Penal Preventivo”⁶, lo que venía a coincidir con la opinión mayoritaria. Dicha ley se había promulgado durante la II República y Franco la mantuvo vigente hasta 1970, cuando fue actualizada por la Ley de Peligrosidad Social, la cual —según los entendidos— era “el más vivo exponente de los deseos de la Administración española de dotar a los tribunales de justicia de un instrumento más moderno, amplio y objetivo a la vez, para enfrentarse, en medio de un clima fundamentalmente preventivo, con este tipo de problemas”⁷. No es de extrañar, pues, que el magistrado Jesús Carnicero Espino, juez especial de Vagos y Maleantes, abogara por la “efectividad en las medidas preventivas”⁸, que no consistían en otra cosa que en la declaración de “estado peligroso” de “los ebrios habituales y los toxicómanos” y en su internamiento forzoso en establecimientos de “custodia o trabajo adecuado”, de “reeducación” o de “preservación”, además de otras “medidas de seguridad y rehabilitación”⁹.

El mismo año que los estudiantes universitarios tomaron París, la Dirección General de Sanidad puso en funcionamiento un Programa Nacional para la Prevención y Asistencia del Alcoholismo y las Toxicomanías, integrado por seis equipos —dos en Madrid y uno en Valencia, Bilbao, A Corunha y Murcia—, compuestos cada uno por doce especialistas —entre psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales y enfermeras—, y cuyos servicios eran gratuitos. En 1971 ya existían equipos en doce provincias, y el Dr. Joaquín Santo Domingo Carrasco, director de dicho programa, confirmaba en la prensa la “misión preventiva y asistencial”¹⁰ del mismo.

En realidad, fue hacia finales de los 60 y principios de los 70, al comenzar a intuir el prohibicionismo la imposibilidad de un mundo libre drogas por la vía de la represión, cuando la idea de prevenir empezó a extenderse y tomar cuerpo en la escena internacional. Por ejemplo, en 1969 la prensa española se hacía eco de las hazañas de sor Patricia, una religiosa británica especializada en “la lucha preventiva contra la droga”¹¹, y al año siguiente destacaba un punto central del informe anual del Comité de Control de Narcóticos al Consejo Económico-Social de las Naciones Unidas: “únicamente medidas preventivas internacionales pueden dar resultados efectivos”¹², toda vez que en la propia declaración de principios de dicho Comité se expresaba la idea de que “la prevención debe orientarse a transformar las condiciones de vida, integrando los aspectos del proceso económico, social y educacional”¹³. En consonancia con este espíritu, el gobierno francés aprobó una “nueva ley contra la toxicomanía y el tráfico de drogas” que establecía “medidas de prevención y curación”¹⁴ y en Roma las autoridades activaron un “intenso programa de prevención” en víspera del comienzo del curso escolar cuya principal novedad consistía en la dotación de “equipos de la policía femenina de la sección de estupefacientes” para que “vigilaran con discreción a los estudiantes”¹⁵. Incluso una publicación como Selecciones del Reader’s Digest —editada por una empresa estrechamente vinculada con los intereses políticos del Departamento de Estado norteamericano— se decantaba por la prevención: Herman W. Land, en un artículo titulado “Cómo hablar a un hijo de las drogas”, aseguraba que “como en el caso de cualquier epidemia, cuanto antes se tomen medidas preventivas, mayor será la probabilidad de detener su propagación”¹⁶ y Richard Earle, en un trabajo titulado “Proteja a su hijo de las drogas”, consideraba que la edad de 9 a 10 años del niño era la “época ideal para ampliar y reafirmar las enseñanzas preventivas”, y que la mejor manera de conseguirlo “es tratar de que los pequeños estudien con sus padres los verdaderos efectos del uso de los estupefacientes”¹⁷. En este sentido, el Dr. Orsel, un especialista en el tratamiento de jóvenes con problemas de drogas establecido en París, también apostaba por la información; sin embargo, y en relación con la difusión de informes espurios —aunque supuestamente científicos— sobre los efectos de la LSD, declaraba estar “formalmente en contra de toda opinión científica falsa que permita dar una información con propósito de prevención”, aunque dicha información consiguiera reducir la demanda, ya que a su juicio “los problemas de juventud que tenemos sólo podemos abordarlos con una ideología perfectamente limpia”¹⁸.

Entre los expertos españoles, Julio Camarero, que se había diplomado en toxicología por la Universidad de Madrid y había trabajado como “agente encubierto” al servicio de la Brigada para la Represión de Narcóticos de Puerto Rico, también se subía al carro de la prevención: “¿Qué puede hacer, realmente positivo, la sociedad ante las toxicomanías? Prevenir y asistir”¹⁹. Colaborador habitual del diario Pueblo, la revista Familia Cristiana y otros periódicos de la época, donde publicó extensos artículos²⁰ e interminables reportajes seriados²¹, Camarero tenía una visión muy particular de la prevención. Aparte de los “medios clínicos”, confiaba ciegamente en la labor “divulgadora y preventiva que siempre debe ejercer la Prensa”²² en este campo, trasladando a los lectores aquellos “aspectos de tipo preventivo con una imagen repulsiva de la droga y de los estragos que produce su mercado clandestino”²³. También consideraba que para llevar a cabo una “tarea preventiva bien planificada” resulta “imprescindible” la actuación de la Policía²⁴, pero reconocía que la sociedad española carecía de los “necesarios resortes preventivos”²⁵ y abogaba por “buscar sistemas preventivos más idóneos en consonancia con nuestra sociedad y el ritmo de nuestro tiempo”²⁶. En este sentido, recomendaba la creación de una “entidad de tipo civil donde pudieran inscribirse todos aquellos con vocación y ganas de trabajar de un modo práctico en la prevención del uso de drogas”²⁷. El reportero-toxicólogo, no sólo estaba proponiendo la creación de la primera Organización(es) no gubernamental(es) (ONG)²⁸ dentro del ramo, sino que hablaba incluso de articular “otra terminología que, a la par que tienda a prevenir al máximo, humanice todo el proceso”²⁹. Para la construcción de ese nuevo lenguaje, políticamente correcto, Camarero proponía que el drogadicto dejara de ser considerado como un vicioso (aunque, en realidad, su caracterización clínica no variara un ápice): “es un enfermo y como tal debe ser atendido y ayudado”, aun “en contra de sí mismo si es preciso”³⁰, apostillaba.

Pero Julio Camarero no era el único valedor de la prevención. La revista La Actualidad Española se mostraba decididamente partidaria “de una acción preventiva” que opusiera “cierta robustez moral al poder penetrante de la droga” y consideraba que tal empresa concernía “a todos”³¹. También Raúl Vázquez de Parga, colaborador de Selecciones del Reader’s Digest, se decantaba por “medidas preventivas y eficaces”³² y el periodista Ángel Antonio G. Muñoz, desde las páginas del Diario de Cádiz, manifestaba “la urgente necesidad de la creación de unas oficinas de información y documentación”, dentro de lo que él comprendía como un modelo de “política preventiva”³³. El P. José Mª López Riocerezo, catedrático de la Universidad “María Cristina” de El Escorial, abogaba por “sacar el tema del ámbito policial y llevarlo al cultural y al científico” e informar a los jóvenes acerca de las drogas, “no para intimidarles, sino para prevenirlos”³⁴. Hasta el comisario José Mª Mato Reboredo —que fuera jefe de la Brigada de Estupefacientes desde su creación en 1967 hasta 1978— confiaba ciegamente en “la eficacia de la prevención” cuando ésta se traducía en acciones expeditivas, como “cadena perpetua” para los traficantes y “régimen cerrado de curación” para los consumidores³⁵.

Hacia mediados de la década de los 70, Montserrat Fernández Montes, otra colaboradora de Selecciones del Reader’s Digest, resumía en cuatro puntos “lo que aún queda por hacer para prevenir y eliminar el problema” de las drogas en España:

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1. Es necesario hacer una campaña de información sobre los peligros de la droga para contrarrestar la propaganda de moda en favor de los paraísos artificiales.

2. Los padres deberían tratar de lograr un diálogo espontáneo con sus hijos, y evitar el autoritarismo ciego que podría alejarlos.

3. La legislación debe concentrar sus medidas represivas en el traficante y derramar toda su comprensión en el adicto, ya que es un enfermo y no un delincuente.

4. Los médicos generales, e incluso los pediatras, que cada vez tienen contactos más frecuentes con los jóvenes drogados, deberían tener una información amplia y completa sobre la droga³⁶.

A pesar de estos propósitos, en febrero de 1978, estando la Unión de Centro Democrático (UCD) en el poder, el ministro de Sanidad y Seguridad Social, Enrique Sánchez de León, respondió a un senador que le había interpelado a propósito de un “plan preventivo nacional” que no había “capacidad financiera” en aquellos momentos para que dicha iniciativa fuera asumida por el Gobierno³⁷. Un año más tarde, la prensa reproducía un discutido artículo del ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, quien calificaba la “represión” como una faceta “importante y básica para la prevención”³⁸. Lejos de la polémica suscitada por su superior, el comisario jefe de la Brigada de Estupefacientes de Madrid, Florentino Mesa, manifestaba su interés y preocupación por “la prevención, la información y el problema grave de la rehabilitación”, si bien reconocía ante la prensa que, como policía, su tarea principal se limitaba a “detectar y detener a los traficantes”³⁹.

Oswaldo Gibelli y José Luis Viejo, presidente y director médico respectivamente, de la Unión Española de Defensa contra la Droga (fundada ese mismo año 1978), también se mostraron partidarios del “tratamiento y prevención de la toxicomanía”⁴⁰, aunque la campaña de vallas publicitarias que sufragaron, representando esquelas mortuorias, con el eslogan “LA DROGA MATA” y el centro de desintoxicación abierto en Arganda del Rey (Madrid) resultaron dos iniciativas francamente desafortunadas y, a todas luces, contraproducentes⁴¹. Eso no impidió que en octubre de 1979 se celebrara en Madrid el IX Congreso Internacional sobre Prevención y Tratamiento de las Drogodependencias⁴². El psiquiatra Francisco Alonso Fernández justificaba la elección de España como sede, por ser un lugar donde “la preocupación preventiva es mínima”. El Dr. Alonso Fernández se mostraba sorprendido ante la negativa del ministro de Sanidad a asistir a dicho evento y veía en “la prevención” la única solución: “Enseñar el tema de la droga en las escuelas preparando a los profesores para que hablen de ellas y, sobre todo, crear centros adecuados para el tratamiento y atacar el comercio de las drogas. Hay un matiz muy importante: en mi opinión se debe despenalizar al consumidor y atacar al traficante”⁴³.

A comienzos de la década de los 80 el fracaso de la política prohibicionista y represiva, en el sentido de aspirar a un mundo sin drogas, resultaba ya tan estrepitosamente evidente que hasta un periódico abiertamente nostálgico y reaccionario como El Alcázar (“fundado en el asedio” del célebre fortín de Toledo y “órgano de la Confederación Nacional de Combatientes”) declaraba en grandes titulares: “la prevención es posible”⁴⁴. Por su parte, los obispos de Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Vitoria en una carta pastoral conjunta exhortaban a solucionar el problema “mediante la prevención y rehabilitación”⁴⁵, e incluso el Ejército español se veía impulsado en la necesidad de abordar un “plan de prevención y control de drogas”⁴⁶. Sin embargo, en la revista de reflexión y crítica política El Viejo Topo se pensaba que “hasta ahora, la medicina no parece haber encontrado ningún medio de intervención (terapéutica o preventiva) sobre las zonas sociales conflictivas”⁴⁷ y en Logroño se ponían públicamente de manifiesto serias “críticas al sistema preventivo y de rehabilitación” durante la celebración de una semana informativa sobre toxicomanías⁴⁸. Finalmente, en 1985 se creó el Plan Nacional sobre Drogas (PND), que desde un primer momento apostó decididamente por el desarrollo de “medidas preventivas”⁴⁹. A partir de ese momento, podemos considerar que el término prevención ha quedado prácticamente institucionalizado.

Con todo, esa política de prevención no sólo se ha mostrado ineficaz, sino también confusa, contradictoria y, en no pocos casos, contraproducente. La explicación a esta situación paradójica se puede buscar y encontrar en la propia definición del concepto, porque, a fin de cuentas, ¿qué significa prevenir? y ¿cómo es posible que dicha noción se haya traducido históricamente en soluciones tan dispares y hasta extremas?

Si nos atenemos a la última edición del Diccionario de la lengua española, “prevención” es la “acción y efecto de prevenir”, es decir la “preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo”. En principio, la cosa parece bastante clara; pero, si buscamos la definición del verbo “prevenir” podemos observar que el término en cuestión es polisémico o, al menos, encierra importantes matices de concepto. Por una parte implica “conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio” y “advertir, informar o avisar a alguien de algo”, pero por otra también tiene el significado de “precaver, evitar, estorbar o impedir algo”, así como “imbuir, impresionar, preocupar a alguien, induciéndole a prejuzgar personas o cosas”⁵⁰. En rigor, pues, resulta tan preventivo aconsejar a una persona para que modere el uso de cualquier sustancia, como mentirle a tiempo acerca de sus efectos, obligarla a someterse a tratamiento, sancionarla económicamente, encarcelarla e incluso ejecutarla por el mismo motivo (si así lo dispusiera el ordenamiento jurídico-penal). Y quizá sea esta ambigüedad conceptual la que haya determinado la actual vigencia del término, es decir, que no haya quedado anticuado y desgastado, a pesar del uso —y hasta abuso— del mismo.

Pero una cosa es querer presentar la prevención como algo novedoso en materia de política de drogas y otra bien distinta pretender promocionarla como una especie de tercera vía. Efectivamente, cada vez que sale a debate la cuestión de la legalización —tanto referida al cannabis y derivados como a todas las sustancias prohibidas—, siempre hay quien intenta desmarcarse de las soluciones extremas —prohibición y despenalización—, apostando por una opción supuestamente intermedia y mucho más justa y humana: la prevención. Con ella se pretende corregir los errores de la tradicional política represiva, sin incurrir en los presumibles excesos que conllevaría una política antiprohibicionista. De tal manera, en la actualidad resulta difícil encontrar alguna persona o institución —tanto pública como privada— que no proclame y se aferre a la idea de prevención con la fe del neófito (o converso). Tanto que, como sugiere el sociólogo y criminólogo Xabier Arana, hemos pasado de “intentar prevenir” el consumo a “consumir prevención”⁵¹. Pero la prevención no puede presentarse como una política alternativa, pues igual pueden ponerse en práctica medidas preventivas en un régimen prohibicionista, represivo e intolerante como en otro donde prevaleciera el derecho a la libre gestión del propio cuerpo antes que cualquier otra consideración.

Por eso, a estas alturas, uno empieza a sospechar que la ambigüedad del concepto no sólo ha servido para que el término no cayera en desuso, sino para que la política prohibicionista y represiva siga dando largas, mareando la perdiz y aplazando lo inaplazable. Podría decirse que la prevención, en muchos casos, no es sino el término políticamente correcto que ha encontrado el discurso prohibicionista para presentarse con un rostro más amable, humanitario y altruista. De hecho, para minimizar los efectos del prohibicionismo más ladino y vergonzante —maquillado de prevención— ha tenido que surgir una política, mucho más real, denominada de reducción de riesgos y daños. Semejante formulación se ajusta más a la realidad e implica abandonar la quimera —seguramente indeseable— de un mundo sin drogas.

Además, la política de reducción de riesgos y daños tiene una ventaja añadida sobre la prevención y es que está justificada por sí misma, es decir, en su misma formulación. En el caso de una política preventiva, sin embargo, antes se han de definir y establecer claramente cuáles son los objetivos específicos que la justifican (algo que no suele hacerse, al menos sincera y abiertamente). Pero tampoco podemos olvidar que se trata de un mal menor, cuyo principal objetivo es precisamente minimizar los efectos de décadas de Prohibición, represión y prevención, es decir, un parche para que el remedio no acabe de fulminar a todos los remediados. En este sentido, no se puede cometer el mismo error que con la prevención y promoverla como una especie de tercera vía, por los mismos motivos apuntados ya anteriormente.

Ciertamente, podemos seguir contemporizando, confiar ciegamente en el poder disuasorio de las leyes, en el valor pedagógico de la alarma y el miedo social, y en las mentiras interesadas y la represión como firmes puntales preventivos; pero también podemos entender la prevención como Antonio Escohotado, quien la identifica con “información contrastada” y sobre todo “amor propio”, pues en opinión de este filósofo “no hay prevención comparable a una culta autoestima”⁵².

Mientras tanto, las políticas de reducción de riesgos y daños se configuran, hoy por hoy, como imprescindibles, pero al mismo tiempo insuficientes, haciéndose necesario seguir profundizando en estas nuevas estrategias desde la idea de su constante superación. O sea, una política de reducción de riesgos y daños no puede limitarse únicamente a una serie de medidas técnicas (reparto de jeringuillas, análisis de sustancias, etc.), sino que debe asumir ciertos cambios en los planteamientos de fondo de la cuestión.

Cabe señalar, en este sentido, que el discurso teórico que sustenta dichas políticas reduccionistas no puede ser ajeno o refractario al planteamiento de si el Estado, más que proteger a las personas de sí mismas —intentando redimir a los ciudadanos de sus propios deseos, inclinaciones o tendencias—, no debería limitarse a respetar su dignidad e independencia y, en última instancia, a fomentar el sentido de la responsabilidad, tanto a nivel individual como colectivo. Y no podemos seguir ignorando por más tiempo este debate, pues en la práctica, la Prohibición ha sido revocada de facto, esto es, por la vía de los hechos consumados. Y a todos nos incumbe que los acontecimientos, es decir, la realidad haya desbordado el marco jurídico-legal, porque, en definitiva, a todos nos afecta. Por eso, no estaría de más que reflexionáramos en torno a dos máximas: aquella de Montaigne que nos advierte de que “las leyes mantienen su crédito no porque sean justas, sino porque son leyes” y aquella otra de Montesquieu que repara en que “las leyes inútiles debilitan las necesarias”.