Mejores políticas de drogas reducirán los delitos con armas de fuego.
Reconozcamos la realidad y comencemos a vender la droga en establecimientos autorizados.
En las últimas semanas los medios de comunicación han informado sobre una serie de delitos con armas de fuego y, con toda seguridad, tendremos la inmediata respuesta del Gobierno prometiendo incrementar las penas por posesión ilícita de armas. Cuando nuestras prisiones están llenas a reventar, aplicamos medidas efectistas, que pueden parecer adecuadas a corto plazo, pero a que medio plazo serán probablemente inútiles e incluso contraproducentes. Además, se anuncia que el Primer Ministro va a tomar personalmente el control de una nueva cruzada contra las armas de fuego. Se investigará a los ciudadanos jamaicanos que viajen al Reino Unido y serán deportados inmediatamente los solicitantes de asilo en posesión ilegal de este tipo de armas.
En primer lugar, pongamos todo esto en su contexto: un portavoz de la Policía Metropolitana ha declarado que los crímenes con armas de fuego sólo representan el 0,003 % de los delitos a los que tienen que hacer frente. Sí, parece que este tipo de delitos con armas tienden al alza, pero partiendo de niveles previos muy bajos. No es momento para el pánico. También debemos recordar que la mayor parte de los delitos con armas están relacionados con el tráfico de drogas, fundamentalmente controlado por mafias extranjeras, para quienes las armas resultan algo completamente habitual en sus negocios. Los traficantes de drogas llevan ya un tiempo disparándose unos a otros, sin que los medios de comunicación o el Home Office se hayan interesado por ellos.
Hay que reconocer que se han producido cambios en las mafias que controlan este mercado. Parece que en la actualidad hay un cierto número de kosovares operando en el Reino Unido. Esto, sin embargo, probablemente tenga más que ver con las acciones militares del Reino Unido y EE. UU. en Kosovo (donde la derrota de los serbios ha facilitado el tránsito de drogas por los Balcanes), y en Afganistán (donde la derrota de los talibán ha supuesto el retorno a la producción de heroína a gran escala) que con la política penal británica en materia de posesión de armas de fuego. El incremento en el número de delitos con armas es consecuencia del grado en que estamos permitiendo que el crimen organizado infecte nuestra sociedad: un negocio, el del crimen organizado, avivado por nuestras obcecadas leyes en materia de drogas.
En la película Some like it hot (“Con Faldas y a lo loco”) aparece una escena en la que una banda de gángsters de Chicago es abatida a tiros por una banda rival. Se trata de una comedia, que describe en clave de humor el absurdo de los años de la Ley Seca en EE. UU., cuando el alcohol fue ilegalizado. Desde luego, la prohibición no consiguió que se dejara de beber, se limitó a llevar el alcohol a la clandestinidad. El bar fue sustituido por el tugurio clandestino. El camarero fue sustituido por el gángster. Se impuso a la sociedad un nuevo elemento criminal que no sólo corrompió el negocio de las bebidas, sino que añadió además intimidación, violencia y corrupción a actividades hasta entonces limpias, a través, por ejemplo, del negocio de los chantajes a cambio de protección. Ahora nos reímos con las películas que retratan aquella época, mientras ignoramos que la misma situación existe y crece en nuestra propia sociedad.
Las drogas en este país son casi más fáciles de conseguir que el alcohol: la oferta de esas sustancias no está limitada por regulaciones como las que limitan la venta de bebidas alcohólicas; un número importante de personas, sobre todo adolescentes y jóvenes, fuman marihuana y muchos consumen también éxtasis y cocaína. No son delincuentes; son personas que usted conoce. Es gente que perfectamente podría estar sentada junto a usted en el trabajo, o viviendo en su casa. Y se les está obligando a un contacto casi diario con el crimen organizado. ¿No es una situación delirante?
Deberíamos encontrar algo de sentido común en el n.º 10 [de Downing Street, residencia del primer ministro] y en el Home Office y empezar a pensar cómo legalizar las drogas y cómo despenalizar nuestra sociedad. Reconozcamos la realidad y empecemos por reducir la cantidad de presos que están saturando las prisiones. Empecemos a distribuir las drogas a través de establecimientos autorizados y debidamente regulados, donde, a diferencia de los traficantes callejeros de hoy, la posibilidad de tener que vérselas con alguien que empuña una pistola sea virtualmente igual a cero. Admitamos que lo estamos haciendo mal, dirigiendo nuestros miedos y prejuicios contra ciertas drogas para cumplir unas políticas obcecadas que tienen efectos sociales nefastos.
Cuando estaba en el Gobierno visité Jamaica para conocer el daño que el tráfico de cocaína está haciendo a aquel país. Se trata de una escala entre Colombia, donde se produce la cocaína, y el Reino Unido y EE. UU., donde se consume. Jamaica es un país pobre, con una economía precaria; los jamaicanos son fácilmente explotados por los capos de la droga, que a menudo pagan por los servicios de ‘mulas’ y traficantes con la propia droga, lo que arruina aún más sus desgraciadas condiciones de vida y la situación de la sociedad en la que viven. Jamaica, como muchos otros países hoy día, es víctima de nuestras leyes.
El negocio de la droga prospera gracias a la demanda del mundo desarrollado, una demanda que hemos renunciado a controlar adecuadamente a través de la legalización. Esto nos ha llevado a una situación de descontrol y corrupción creciente en nuestros países, pero también a perjudicar a países inocentes como Jamaica. Ese es el crimen que debería centrar nuestra atención.