La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un experimento (calificado por algunos medios de revolucionario) que consiste en administrar heroína al heroinómano como se administra insulina al diabético. No sabe uno cómo manejar la estupefacción que le producen esta clase de noticias, si riendo, llorando o escribiendo una carta al director. Algunos comentaristas añaden, como si hubieran descubierto el huevo de Colón, que de este modo el drogadicto no tendrá que delinquir para obtener la dosis y que el narcotráfico sufrirá un golpe al perder clientes. Pues sí que ha costado años alcanzar tales conclusiones. Pero en las conclusiones está precisamente el problema. Si el narcotráfico llegara a sentir en sus bolsillos las consecuencias del experimento, ya se las arreglaría para que las cosas regresaran a su estado anterior.
De hecho, las drogas no se legalizan por un problema de orden económico. Esto lo saben hasta los niños de primaria y se le alcanza al cualquiera que se pregunte por qué en la ley antibotellón el vino se ha quedado fuera. Y no se ha quedado fuera porque el vino sea gaseosa, ya que es alcohol, sino porque los vinos españoles mueven muchos miles de millones de pesetas y no era cuestión de satanizarlos colocándolos al lado del resto de los alcoholes. Dicho de otro modo, a la hora de decidir si se protegía el vino o se protegía a los jóvenes, el legislador, que es más sensible a los argumentos económicos que a los sanitarios, ha decidido que se protege el vino.
El experimento llevado a cabo por la Junta de Andalucía fracasará cuando amenace de verdad a las estructuras del crimen organizado, cuyos lazos con los gobiernos de todo el mundo son cada vez más fuertes. Los presos y los funcionarios de prisiones saben que los patios de las cárceles están tranquilos cuando circula la droga por ellos. Por eso no deja de circular, pese a lo fácil que sería controlar la frontera de una prisión. Para legalizarla no hace falta, pues, tener un pensamiento revolucionario, sino tener sentido común. El problema es que el que decide a qué llamamos sentido común suele ser un narco con influencias en la maquinaria del Estado.